¡Impactante noticia! El Gobierno de Biden revive el ‘cierre’ administrativo de deportaciones después del fallo de la Corte Suprema. ¡Entérate de los detalles aquí!

¡Impactante noticia! El Gobierno de Biden revive el 'cierre' administrativo de deportaciones después del fallo de la Corte Suprema1 Mr 3lite

El gobierno de Joe Biden está dispuesto a seguir implementando la expulsión de inmigrantes indocumentados que no están en la lista de prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según documentos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a los que tuvo acceso Univision Noticias.

En una copia de un memorando de la fiscal Rebecca R. Stern, jefa de la Oficina Legal Principal de ICE, se lee que la agencia federal a cargo de las deportaciones “desea presentar una moción sin oposición para desestimar a la luz de esta solicitud previa de discreción procesal (Prosecutorial Discretion, PD) que había sido rechazada (previamente), pero que se puede aprobar (ahora) según nuestro programa actual”. El cambio de postura ocurre como respuesta al fallo emitido el 23 de junio por la Corte Suprema de Justicia en el que los magistrados (8 a 1) fallaron a favor del gobierno de Joe Biden y mantuvieron vigentes las prioridades de deportación estipuladas en 2021 y enfocadas en aquellos indocumentados que han cometido delitos graves.

El máximo tribunal de justicia, en respuesta a una demanda entablada por Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, determinó que los estados no tienen “potestad” para impugnar decisiones de este tipo tomadas por el gobierno federal cuando se trata del manejo de temas federales, como la ley de inmigración.

Qué significa el cambio de postura de ICE “En este documento, la fiscal (Stern) reconoce que, aunque previamente (los fiscales de inmigración) habían negado la opción de cerrar casos de deportación (Prosecutorial Discretion, PD), ahorra sí están dispuestos a presentar una moción sin oposición para desestimar (Unopposed Motion to Dismiss) basado en el programa presente”, explicó Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Lo que está ofreciendo ICE ahora es cerrar (terminate) procesos de deportación”, agregó. “Resumiendo, el DHS no quiere proceder con ciertos procesos de deportación de inmigrantes indocumentados que no tienen delitos y no se encuentran en la lista de prioridades de deportación del gobierno”, agregó.

Gálvez dijo además que, en estos casos, “al inmigrante no se le dará la residencia legal permanente (LPR), tampoco podrá convertirse en ciudadano por naturalización, pero tampoco se puede decir que estará en Estados Unidos como indocumentado. Podrá quedarse amparado de la deportación, pero sin permiso de trabajo hasta que el Congreso, por ejemplo, apruebe una reforma migratoria y lo señale”.

El caso que motivó el correo enviado por la fiscal Stern fue rechazado antes del fallo emitido por la Corte Suprema, lo que evidencia un cambio de postura después de la sentencia que revalidó las prioridades de deportación del gobierno.

Desde el 25 de abril del año pasado los fiscales de ICE ejercen autoridad discrecional temporal para actuar favorablemente en los casos de inmigrantes a quienes el gobierno no considera una prioridad de deportación, de acuerdo con un memorando firmado por Kerry Doyle, asesor jurídico principal de la agencia.

La estrategia, que forma parte de los planes de la Casa Blanca para descongestionar la Corte de Inmigración (que tiene más de 1.8 millones de casos acumulados) y abrir camino a nuevas solicitudes de asilo que han surgido en la frontera desde esa fecha.

Cuando el gobierno activó el programa tuvo el objetivo de favorecer hasta unos 700,000 casos de extranjeros con procesos de deportación, equivalente al 40% de los expedientes en la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración, EOIR).

El programa está contenido en el denominado ‘memorando Doyle’, firmado el 3 de abril del 2022 e indica que la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA) de ICE interpretará tres áreas prioritarias de cumplimiento identificadas en el Memorándum del secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitido el 29 de septiembre de 2021 y que estip.

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